El principal problema que se encuentran las mujeres es que los magistrados no suelen tomar medidas cautelares cuando el maltrato no ha sido físico o no hay pruebas aparentes en ese primer momento.
«Nuestro sistema es muy garantista y rige la presunción de inocencia», explica la magistrada Ana Zulueta, portavoz de Jueces para la Democracia en Euskadi. «Tiene que haber indicios claros de que un delito se ha cometido para adoptar una medida en ese sentido», aclara.
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