Una ley que prevé penas de entre dos y cuatro años de prisión a las mujeres que sufran abortos involuntarios. Además, incrementa el castigo por interrupción del embarazo, prohíbe la educación en diversidad sexual y veta nuevamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los opositores la califican de “anticonstitucional” y contraria a tratados internacionales, y anuncian recursos de amparo.
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