Durante 2017 casi 30.000 sentencias fueron dictadas en los 383 Juzgados de lo Penal, de los que solo 31 cuentan con magistrados y fiscales especializados 14 años después de la aprobación de la Ley de Violencia de Género.
Sentencian delitos graves cuya pena no supera los cinco años y cuando no hay conformidad entre las partes. El resto se fallan en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y las Audiencias Provinciales, que sí están especializados.
El Congreso aprobó el pasado 12 de junio la toma en consideración de una iniciativa para impulsar la especialización de estos juzgados.
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